Los salarios en el sector público como variable de ajuste

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Por el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma

Durante los últimos meses de 2015 diferentes factores confluyeron para reimpulsar un nuevo proceso inflacionario. Una vez más los principales afectados por las medidas económicas del gobierno han sido los trabajadores.

En el caso del sector público, este nuevo ataque al bolsillo de los trabajadores constituye un capítulo más de la degradación constante que ha tenido el poder adquisitivo del salario a lo largo de los últimos años. En particular, de acuerdo a la información disponible los trabajadores del sector público han sido los que a lo largo de la última década han experimentado un mayor deterioro salarial(*).

(*)Una vez más es necesario mencionar que los análisis sobre evolución salarial se encuentran en gran medida condicionados por la intervención del INDEC. En tal sentido, las consideraciones que aquí se efectúan son de mínima, como aproximación, en el marco de la denuncia sobre la manipulación de las estadísticas públicas, la cual sigue en pie.

Numerosos factores han contribuido para que los trabajadores estatales en los últimos años hayan sido castigados por políticas de ajuste. Por un lado, las negociaciones salariales nacionales correspondientes a la administración pública (a pesar de la oposición de ATE) y a la paritaria nacional docente, que sistemáticamente fueron inferiores a la inflación de cada año; por el otro, la persistencia de numerosos trabajadores que todavía no cuentan con el derecho a la negociación colectiva (por caso los trabajadores judiciales, muchos trabajadores provinciales y municipales, y otros cuyo vínculo laboral se canaliza a través de modalidades precarias de contratación como locaciones de servicio y convenios de asistencia técnica); finalmente, la inexistencia de pisos salariales mínimos en muchos casos de trabajadores del sector público (principalmente municipales y provinciales, a quienes no se les aplica el salario mínimo, vital y móvil).

La contrapartida de este ajuste sobre los trabajadores del sector público ha sido un fuerte crecimiento de la conflictividad laboral. En tal sentido, los informes trimestrales del Observatorio del Derecho Social de la CTA muestran que desde fines de 2012 los conflictos en el sector público vienen incrementándose significativamente, principalmente a nivel provincial y municipal (ver gráfico nº 1).

 Gráfico nº 1: Evolución trimestral de los conflictos laborales en el sector público 2011 – 2015

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Fuente: elaboración propia sobre la base de los informes trimestrales del Observatorio del Derecho Social de la CTA, disponibles en www.obderechosocial.org.ar

En el caso de los trabajadores municipales la negación del derecho a la negociación colectiva y a contar con un salario mínimo, vital y móvil, es de tal magnitud que recientemente el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires suspendió, a través de un decreto de necesidad y urgencia, la vigencia de la ley 14.656 que les reconocía estos derechos en el ámbito provincial(*).

(*)La reacción de los trabajadores y las organizaciones sindicales ha puesto esta medida en cuestión, y al momento de elaboración de este documento el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció que estaba reviendo los alcances de dicha suspensión.

Por otra parte, cabe destacar que esta avanzada contra el salario de los trabajadores del sector público se realiza en un contexto marcado por una decisión de impulsar un profundo ajuste en los distintos niveles (nacional, provincial y municipal), que en las primeras semanas del año incluyó miles de despidos y desvinculaciones en distintas dependencias del Estado(*).

(*)Para un análisis de este proceso ver “Salarios vs. Puestos de Trabajo: el chantaje de siempre”, Observatorio del Derecho Social de la CTA, disponible en www.obderechosocial.org.ar, enero de 2016.

En cuanto a la evolución salarial la intervención del INDEC ha provocado que, en la actualidad, resulte extremadamente difícil contar con información oficial que permita analizar la situación del conjunto de los trabajadores del sector público. En este marco, a los fines de realizar una aproximación a su evolución en los últimos años recurriremos al resultado de dos negociaciones salariales cuyos resultados, si bien no son automáticamente trasladables al conjunto de los trabajadores del sector, nos permitirán aproximarnos con cierta precisión al estado actual del salario en el sector público. En particular, basaremos nuestro análisis en los resultados de la paritaria nacional docente y de la negociación colectiva correspondiente a los trabajadores de la Administración Pública Nacional(*). En otras palabras, analizaremos el “salario de convenio”, tomándolo como indicador de la evolución efectiva del “salario efectivo”.

(*)Esta aproximación no es aplicable a todas las situaciones que pueden darse en el sector público. En efecto, pueden encontrarse casos de negociaciones que hayan superado los niveles allí establecidos (por ejemplo algunos casos de trabajadores de la educación a nivel provincial, algunas dependencias estatales que han obtenido adicionales, etc), y otros que hayan estado por debajo (algunos trabajadores provinciales y municipales, algunos trabajadores contratados, etc). Para un análisis exhaustivo de la situación salarial en el sector público ver “Informe de Política Salarial 2007 – 2014”, Centro de Estudios Políticos, Sociales y Sindicales, ATE – Capital, mayo de 2014; y “Apuntes sobre la precarización laboral en el sector público nacional”, Instituto de Estudios y Participación, ATE – Nacional, septiembre de 2015.

Tomando en consideración el período 2007 – 2015 tanto el salario mínimo docente como los salarios de convenio correspondientes a la Administración Pública Nacional se encuentran en los mínimos de toda la serie. En el caso del Salario Mínimo Docente, el valor actual es un 11% inferior al de enero de 2007, y en el caso de la Administración Pública el retroceso es de casi el 15%. En otras palabras, para recuperar el valor real del salario vigente nueve años atrás los salarios nominales de los docentes deberían incrementarse en un 13% y los de los trabajadores de la Administración Pública en un 18%, y ello con carácter previo a la nueva discusión salarial prevista para el año 2016 y sin haber considerado la inflación que tendrá lugar en los primeros meses del año.

En efecto, las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional, en particular la devaluación del peso, la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y la anunciada quita de los subsidios a los servicios públicos, hacen prever un fuerte crecimiento de los precios en el primer trimestre del año, situación que afectará notablemente el salario real de los trabajadores.

Si entre los meses de enero y marzo de 2016 la inflación asciende a un 10%(*), el incremento nominal extraordinario requerido para que el salario real de convenio vuelva a los niveles previos a la negociación paritaria del año 2007 sería de un 24% en el caso del SMD y de un 29% en el caso de la Administración Pública. Ello como paso previo a la negociación salarial correspondiente al año 2016.

(*) Este supuesto es similar al que tuvo lugar en los primeros meses del año 2014, cuando el Gobierno Nacional dispuso una fuerte devaluación de la moneda. Más aún, se trata de un supuesto conservador, por cuando por entonces la devaluación fue superior a la actual y no se incluyó ninguna quita a los subsidios de los servicios públicos.

Esta pérdida del poder adquisitivo del salario convencional ha sido producto de una negociación salarial que en casi todos los años del período relevado ha estado por debajo de la evolución de la inflación. Este comportamiento puede ser observado en la siguiente tabla:

Paritaria Nacional Docente y Administración Pública Nacional: porcentaje de incremento salarial nominal 2007 – 2015

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Fuente: elaboración propia con datos del Boletín Oficial, las escalas salariales respectivas y el “Informe de Política Salarial 2007 – 2014” elaborado por el Centro de Estudios Políticos, Sociales y Sindicales, ATE – Capital. El dato sobre inflación corresponde al IPC nueve provincias hasta el año 2012 y luego al IPC – CABA

La evolución de los salarios de convenio en ambos casos no solo fue inferior a la inflación del período, sino que también estuvo por debajo de los porcentajes de actualización del salario mínimo, vital y móvil, y muy lejos de los incrementos porcentuales pactados por los trabajadores de otras actividades.

Algunas comparaciones pueden resultar muy ilustrativas al respecto. Como hemos señalado, el SMD y el salario de convenio de los trabajadores de la Administración Pública Nacional se encuentran en la actualidad, en términos reales, entre un 15% y un 18% por debajo de los niveles de enero de 2007. Por el contrario, el Salario Mínimo, Vital y Móvil ha caído apenas un 3%.

La situación es más llamativa aún si la comparación se efectúa con los trabajadores de la actividad privada. Para ello consideraremos la evolución de los salarios de convenio en la industria metalúrgica y en la industria de la alimentación, en tanto constituyen ejemplos de los menores y mayores incrementos salariales de la actividad privada en los últimos años respectivamente.

En el caso de la industria metalúrgica, en la actualidad el salario de convenio de la categoría inicial en términos reales se encuentra un 3% por debajo de los niveles de enero de 2007, mientras que en el caso de la industria de la alimentación se ha experimentado un crecimiento del 25%.

 En otras palabras, la negociación colectiva en el sector público a nivel nacional ha operado como piso salarial, y no solo tuvo resultados inferiores a los niveles de inflación, sino que experimentó un fuerte retroceso si se compara con los salarios de convenio de otras actividades.

 En el siguiente cuadro se puede apreciar dicha evolución en términos absolutos.

 Salario bruto 2007 – 2016: valores absolutos y variación en términos reales(*)

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Fuente: elaboración propia con datos del Boletín Oficial, las escalas salariales respectivas y el “Informe de Política Salarial 2007 – 2014” elaborado por el Centro de Estudios Políticos, Sociales y Sindicales, ATE – Capital

(*) A los fines de la realización de este cuadro se consideró el valor del salario mínimo docente, determinado en la paritaria nacional docente, el salario mínimo, vital y móvil, el valor del salario de convenio correspondiente a un trabajador de la categoría D-0 del SINEP (sin adicionales), el valor del salario de convenio correspondiente a un trabajador con la categoría operario de la industria de la alimentación (sin adicionales) y el correspondiente a la categoría inicial de la industria metalúrgica (operario en el año 2007 y operario calificado en el año 2016). La inflación considerada para calcular el salario real es la correspondiente al IPC – 9 provincias hasta el año 2012 y desde entonces la del IPC – CABA. Para el mes de enero de 2016 se proyectó una inflación mensual del 4%, similar a la de diciembre de 2015.

Esta evolución diferencial a lo largo de los últimos años ha provocado que en la actualidad el SMD sea un 7,5% inferior al SMVM, cuando nueve años atrás era un 5% superior. En el caso de la categoría seleccionada para la Administración Pública Nacional (D – 0), la brecha con el SMVM se achicó del 85% en 2007 a 56% en la actualidad.

La situación es más llamativa aún si dicha comparación se realiza con la evolución del salario de convenio de la categoría inicial (operario) en la industria de la alimentación. En efecto, dicho operario percibía, en enero de 2007 un salario que era un 36% superior al SMD y un 23% inferior al de un empleado de categoría D-0 de la Administración Pública Nacional. Nueve años más tarde el salario de dicho operario casi duplica al SMD (es un 99% superior) y supera por un 17% al correspondiente de la Administración Pública Nacional(*).

(*) La comparación con la evolución de los salarios de convenio en las industrias metalúrgica y de la alimentación es tan solo un ejemplo que podría ser replicado con otras actividades cuyos salarios de convenio tuvieron incrementos muy superiores a los otorgados en el sector público, incluyendo otras industrias (aceitera, azucarera, química, etc), el tra nsporte (tanto de carga como también de pasajeros) y los restantes servicios (comercio, telecomunicaciones, etc). En tal sentido, el salario de convenio de la industria metalúrgica constituye un ejemplo representativo de las escalas que tuvieron el menor incremento salarial durante este período, mientras que el correspondiente a la industria de la alimentación constituye el caso opuesto.

En el caso de la industria metalúrgica, cuya evolución salarial fue una de las más limitadas en los últimos años, dichas brechas presentan un comportamiento similar, aunque de una magnitud mucho menor que la que presenta la industria de la alimentación.

Cabe destacar que esta brecha salarial se generó a partir del año 2010, ya que para entonces el salario real de todas las categorías citadas se encontraba, en términos generales, en los mismos niveles que a comienzo de 2007. En otras palabras, en los últimos seis años el salario mínimo docente y el salario de convenio de los trabajadores de la Administración Pública Nacional experimentaron un fuerte retroceso, mientras que el SMVM y el de la industria metalúrgica se mantuvieron relativamente estables, y el salario de los trabajadores de la industria de la alimentación tuvo un fuerte incremento. Este comportamiento puede observarse en el siguiente gráfico.

Gráfico nº 2: Evolución del salario real correspondiente a la Paritaria Nacional Docente, la Administración Pública Nacional, la Industria de la Alimentación, la Industria Metalúrgica y el SMVM (enero 2007 = 100)

Grafico_4Fuente: elaboración propia con datos del Boletín Oficial, las escalas salariales respectivas y el “Informe de Política Salarial 2007 – 2014” elaborado por el Centro de Estudios Políticos, Sociales y Sindicales, ATE – Capital 

En otras palabras, de cara a la discusión paritaria que se desarrollará en los próximos meses es posible afirmar que cualquier reclamo deberá considerar, como punto de partida, la necesaria recomposición en términos reales del deterioro experimentado en los últimos años (agravado en los últimos meses). Es decir, si se desea recomponer el poder adquisitivo existente nueve años atrás, y asumiendo una inflación del 10% para el primer trimestre del año, sería necesario reclamar inmediatamente un aumento extraordinario de casi el 30%, y luego negociar un porcentual salarial que se determine como consecuencia de la inflación que pueda preverse para el período de vigencia de próximo acuerdo salarial, y la necesaria recomposición salarial en términos reales. Para traducirlo en cifras, si el porcentaje salarial previsto para las negociaciones en curso es del 30%, al solo efecto de recuperar el valor del salario real a enero de 2007 debería solicitarse, como mínimo, un 60%. Todo ello sin dejar de considerar que el salario de los trabajadores debe ser suficiente para garantizar los consumos mínimos de una canasta básica. En tal sentido, el valor de dicha canasta hace un año era de $ 12.229 mensuales para una familia de cuatro personas (Junta Interna ATE – INDEC), valor que deberá actualizarse y ser considerado por cuanto muchos trabajadores requerirán un porcentaje aun mayor para poder hacer frente al costo de dicha canasta.

Finalmente, debe agregarse que dicho reclamo debería ir acompañado necesariamente de un programa tendiente a garantizar la efectiva vigencia para el conjunto de los trabajadores del sector público de derechos fundamentales como la negociación colectiva y el salario mínimo, vital y móvil, y a eliminar la precarización laboral (en particular en cuanto a las formas de contratación) existente en los distintos niveles del Estado, y que dicho programa requerirá desarrollar acciones centralizadas que combinen el desarrollo de una conflictividad a nivel local con la unificación de los reclamos en el ámbito nacional.

Equipo del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma:

Silvina Benevento, Julia Campos, Luis Campos, Mariana Campos y Jimena Frankel

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