El escándalo Grassi y las responsabilidades del Estado Provincial

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Grassi

Por el Foro por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de La Plata
Area de Coyuntura
 IPID
Julio 2014

Tras la denuncia sobre las irregularidades en la Fundación “Felices Los Niños”, emerge la responsabilidad del Gobierno Bonaerense a través de su ausencia, ausencia no sólo en los privilegios que ostentaba el condenado Julio César Grassi sino en las condiciones en que vivían los jóvenes de la entidad.

Si bien la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires reconoció que no tenía convenio con la entidad, su responsable admitió que los equipos técnicos del área realizaban un “control periódico” desde los últimos meses. ¿Qué tipo de control hubo para no poder dar antes con esta situación?

Según se dio cuenta en las denuncias realizadas, la Fundación presenta un estado deplorable con un “basural en el patio, agujeros en el techo por donde se llueve, baños sucios, y hasta excremento de ratas en los alimentos y restos de perros muertos”. Lejos de los privilegios que uno mantiene en la cárcel, los otros, los más perjudicados, padecen una situación que afecta su integridad.

Incluso, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de Derechos del Niño (Casacidn) sostuvo que la fundación había sido denunciada en 2013 tanto desde la Provincia como desde la Nación porque no tenía “aval legal para funcionar”. ¿Y recién ahora se interviene mediante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas?

Es inexplicable como no se le sacó antes la personería jurídica a la Fundación, ahora intervenida tras la realización de un informe periodístico. No se comprende cómo una entidad con responsable condenado por abuso puede seguir habilitada para seguir recibiendo donaciones y, a la vez, su presidente seguir con facultades decisorias respecto a ella.

La Secretaría de Niñez y Adolescencia es el órgano de aplicación directa del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y sí o sí debe tomar injerencia en los controles. El Estado no puede omitir su responsabilidad dejando a organizaciones privadas lo que él mismo debiera garantizar sin control alguno.

El Gobierno provincial debe tener una política que controle y audite tanto los servicios que una organización brinda a los niños y niñas como el uso de los fondos que se hace a través de becas

Esta situación no debiera haber ocurrido nunca si es que todos los resortes del Sistema de Promoción y Protección de Derechos del Niño hubieran actuado de manera coordinada y a tiempo privilegiando el interés superior de cada uno de los niños que aún se encuentran en el lugar.

Eso mismo marca a las claras las deficiencias de la actual gestión provincial que no se compromete en la plena implementación del Sistema de Promoción y Protección de Derechos, anclado en la ley 13.298. Muchos organismos, que reúnen los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, hoy esperan su creación o el destino de más recursos, como la figura del Defensor del Niño, institución vigente en la ley para la denuncia de muchas violaciones a los derechos pero, que el actual gobierno dista de crear

Hace falta compromiso y trabajo con las organizaciones en el territorio para evitar que hechos como éstos vuelvan a emerger. No habría en las cárceles hechos de corrupción y trato según clase social sin complicidades en su funcionamiento. Una vez más se hace necesario la convocatoria de todos los actores vinculados a la niñez para exigir el cumplimiento de la legislación vigente, en la defensa irrestricta de todos los derechos de nuestros pibes.

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