El acceso a medicamentos es una de las principales preocupaciones en todos los ámbitos donde se discute el derecho a la salud. A lo largo de la historia se ha dado una tensión estructural respecto de si la salud debe ser un bien público o un bien de mercado, si se considera como una actividad productiva privada o se prioriza el acceso al medicamento entendido como bien esencial para garantizar un derecho humano como es la salud.
En nuestro país, comenzaron un desarrollo crítico al respecto figuras como Ramón Carrillo quien fue el primer Ministro de Salud Pública durante la presidencia de Perón. Durante los ocho años de su gestión, se construyeron 21 hospitales con una capacidad de 22.000 camas. Se estableció la gratuidad de la atención de los pacientes, los estudios, los tratamientos y la provisión de medicamentos. Se lanzaron planes masivos de educación sanitaria y campañas intensivas de vacunación. Se crearon más de 200 centros de atención sanitaria en todo el país y más de medio centenar de institutos de especialización. Se creó en 1947 la Empresa de Medicamentos del Estado Argentino (EMESTA) primera fábrica nacional de medicamentos, ideada para el abastecimiento de remedios a bajo precio. Con esta serie de avances en materia de salud se sentaron las bases del derecho al acceso garantizado por el estado en nuestro país.
En la misma línea Oñativia, Ministro de Salud y Asistencia Social durante el gobierno de Illia, impulsó las Leyes de Medicamentos n°16.432 y n° 16.463 para la regulación de precios, comercialización e importación para las empresas farmacéuticas, abriendo camino a una serie de políticas públicas que reforzaron el acceso a los medicamentos por parte de las mayorías populares.
En 2014, durante el gobierno de Cristina Fernandez, se sancionó en Argentina la Ley nº 26.688 de Producción Pública de Medicamentos, con el objetivo promover la fabricación de remedios en establecimientos públicos locales, declarando de interés nacional: la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos.
Toda producción pública es realizada en laboratorios del Estado nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las fuerzas armadas y de las instituciones universitarias de gestión estatal. El organismo controlador del proceso es la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología), que interviene garantizando la producción de medicamentos en el país y exigiendo a los laboratorios de producción pública que cumplan las buenas prácticas de fabricación y control de medicamentos.
Si bien el estado se ocupa en garantizar el acceso a los medicamentos considerándolos un bien público y un derecho, la industria farmacéutica es gigante y sigue sentando las bases de negociación para con los estados.
Incremento global del 60% en medicamentos
En medio de una crisis sanitaria de escala mundial se vive en Argentina un proceso inflacionario que parece casi imposible detener, dificultando sobre todo a las clases populares a cubrir sus necesidades básicas. Según el INDEC un grupo familiar necesitó contar con ingresos por $62.957 para no caer debajo de la línea de la pobreza.
Esto suscita un problema que va más allá de la urgente atención de problemas de salud relacionados con el masivo contagio de COVID-19, y son las enfermedades crónicas y patologías pre existentes que continúan afectando la salud de los argentinos y el acceso a los medicamentos y terapias para tratarlos que sufren, en efecto, un duro aumento.
Según el primer Informe del Observatorio de Medicamentos como Bien Social de la Asociación de Trabajadorxs del Estado de la República Argentina y la CTA Autónoma, “el incremento del precio de venta al público de medicamentos de mayor dispensa y de aquellos más usados en el tratamiento de Patologías crónicas y prevalentes en la Argentina (Período Marzo 2020/Marzo 2021) fue superior a la evolución del Costo de Vida medida por la inflación según INDEC”(El informe analiza dicho impacto en el universo de la seguridad social a través de la obra social IOMA, ya que el recorte es sobre la población de Trabajodrxs del Estado de la provincia de Buenos Aires).
Los principales activos dispensados en el período analizado (Levotiroxina, ibuprofeno, enalapril, parecetamol, amoxicilina, entre otros) sufrieron un incremento global del 60%. Y en casos como la levotiroxina, medicamento de consumo regular para tratar el hipotiroidismo, tuvo un aumento de hasta el 82%. Superando así la variación del nivel general de precios del período que fue de un 40,5% según datos del INDEC.
El caso de la levotiroxina es representativo para observar la asimetría que se registra entre la cobertura de los medicamentos, y debida actualización de los montos, y la evolución de los precios. El costo de este medicamento era de $551 en Marzo 2020, en Diciembre del mismo año llega a $886,66 con igual monto de cobertura ($309,44), por lo que el pago directo de los afiliadxs a IOMA sufre un aumento de un 131%.
En consecuencia, mientras el aumento de los medicamentos de mayor dispensa tiene un aumento global de un 60%, los afiliados sufrieron un aumento del 118%.
Si bien “la evolución de los salarios de lxs trabajadorxs del Estado de la Provincia de Buenos Aires tuvo un incremento promedio del 38,7% en el período de Diciembre 2019-Diciembre 2020, lo que estuvo por encima del IPC Nacional del 36,1% y por lo tanto, describe un importante escenario de recuperación salarial”, si se considera de principio a fin del 2020, los precios de los medicamentos de mayor dispensa y consumo sufrieron un aumento de 50%, porcentaje mayor a dicha recuperación salarial en la provincia.
Teniendo en cuenta que dentro de toda economía familiar la salud es uno de los ítems más costosos y que muchas familias están siendo afectadas por la crisis que vive el país se vuelve necesaria por parte de quienes comercializan los medicamentos, la contemplación de estos escenarios, la empatía y solidaridad.
