Ciencia, Política y Democracia: Unidas e incompatibles. El caso de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria

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biotec

El presente trabajo es una de las 5 producciones premiadas en el marco del concurso para jóvenes investigadorxs, IPID: Vale La Pena 2014.

Sus autora es: Carla Poth

Introducción

El modelo biotecnológico agrario comenzó a instalarse a nivel mundial a mediados de los ’80, en el marco del proceso de globalización neoliberal. Su implementación implicó una reconfiguración de la estructura productiva agraria, en la que se propulsó el uso del paquete biotecnológico, compuesto por las semillas genéticamente modificadas (Organismos Vegetales Genéticamente Modificados –OVGM-), también conocidas como transgénicas, por los agroquímicos y la siembra directa. Este modelo generó profundos cambios en la producción, favoreciendo nuevas dinámicas de dominación del capital en el agro. Significó una nueva etapa de acumulación asociada a la libre movilidad del capital, a las dinámicas globalizantes del capital financiero y a la consolidación de una legalidad mundial que intentaba regular estas relaciones más allá de la lógica de los estados nacionales.

Hasta la actualidad, el modelo biotecnológico agrario se ha constituido como un nuevo modelo agroalimentario en el que empresas situadas en los centros de consumo (como EEUU o Europa) manejan los hilos de las economías productoras de commodities, promoviendo la agricultura industrial orientada a los mercados globales y generando una fuerte dependencia comercial. Estas empresas absorben la mayor parte del excedente y la renta de la producción agraria, cerrando los canales de participación a otras unidades productivas. Tal y como plantea Raúl Vigorito (1994), este modelo agroalimentario profundiza la “la tendencia al traslado de los patrones agroalimentarios desde los países centrales hasta América Latina” (pág.50). Al mismo tiempo, la agricultura en este modelo ocupa un nuevo rol financiero y político. Por un lado, se configura como mecanismo de especulación y compensación de balanzas deficitarias (como ocurre con las retenciones a la exportación de commodities que realizar el Estado argentino), así como también se configura como elemento de presión política externa, ejerciendo un nuevo poder alimentario (Vigorito, 1994: 80).

La instalación de este modelo en las economías del sur ha implicado la expansión de la frontera agropecuaria a partir de la eliminación sistemática de bosques nativos y cultivos tradicionales (como el girasol y el algodón), el desplazamiento de la ganadería, el genocidio silencioso de comunidades campesinas e indígenas, y la concentración de la cadena del agronegocio en pocas empresas. Estas no son más que algunas de las consecuencias entre las diversas formas de concentración económica, de la biodiversidad y del conocimiento que se producen en la lógica de este modelo[1].

La biotecnología, utilizada para la obtención de semillas y variedades mejoradas (organismos vegetales genéticamente modificados –en adelante OVGM-), resultó central en este proceso, dado que permitió la fabricación de especies cultivables resistentes a insectos, inmunes a virus y tolerantes a herbicidas o plaguicidas. Con esto, facilitó la reducción de los ciclos de crecimiento,el aumento de la adaptabilidad de los cultivos a diversos climas y la consecuente alza de los rendimientos agrícolas (Poth, 2010).

Con las biotecnologías, la producción del conocimiento también se volvió un factor fundamental en este proceso de reconstitución de la economía agrarias en el modelo neoliberal. La aparición de las biotecnologías en la producción agraria acrecentó la complejidad del proceso productivo, generando cambios sustanciales en la creación y apropiación del valor. El crecimiento en el uso de semillas genéticamente modificadas, tanto en cantidad de cultivos como en su expansión territorial y las variedades obtenidas, denota la relevancia que han tenido estas tecnologías tanto a nivel mundial como específicamente en Argentina. En este contexto, producción y apropiación de conocimiento se vuelven centrales. La generación de saberes toca todas las escalas. La ciencia se coloca nuevamente en el foco del modelo de acumulación.

En Argentina, el modelo biotecnológico agrario comienza a consolidarse durante la década del ’90, cuando el Estado construye el andamiaje político y regulatorio para facilitar su expansión.

La Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CoNaBiA) fue creada en 1991 bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación (SAGPyA) en el Ministerio de Economía, con el fin de crear el marco regulatorio de bioseguridad de organismos genéticamente modificados en Argentina. Junto con las fuertes medidas económicas adoptadas en el país en la década del ’90 (apertura de la economía, paridad cambiaria, desregulación de los mercados), su creación fue fundamental para la rápida expansión del modelo biotecnológico agrario en Argentina[2].

El organismo se compuso con lo que se denomina “expertos” del ámbito público y el privado, con un perfil eminentemente científico. Integrantes del sistema científico (INTA, UBA, Conicet), representantes del sector público (Dirección Nacional de Producción y Comercialización Agrícola, Dirección Nacional del SENASE, SENASA, Dirección Nacional de Producción Agropecuaria) y representantes del sector privado (Foro Argentino de Biotecnologìa y Asociación de Semilleros Argentina) eran parte de su composición; todos con una formación académica en estos temas. Si bien a lo largo de la existencia de la comisión se fueron incorporando representantes de otras instituciones del sector público y el privado, la continuidad del perfil científico y el expertise se mantuvieron constantes a lo largo de su existencia. Estos criterios no sólo sirvieron para seleccionar quiénes entraban. Según los propios integrantes, la calidad científica de la comisión serviría para crear “un organismo que tuviera prestigio internacional para asegurarnos que lo que se hiciera en Argentina fuera confiable no sólo para los argentinos sino para el mundo” (Entrevista a RM, ex secretario de agricultura, 2011)[3].

Este carácter eminentemente científico se refrendó en cada una de las regulaciones de la CoNaBiA. Por ello, la preocupación permanente de la comisión ha sido demostrar que su función es la de generar los pareceres técnicos, a partir de las evaluaciones de riesgo correspondientes, y sugerir procesos regulatorios para la comercialización de OVGMs. En este sentido, las decisiones políticas son adjudicadas al Secretario de Agricultura. En este sentido, lo científico y lo político pareciera no pisarse. Sin embargo, cuando observamos las aprobaciones de semillas o incluso las formas en que se ha configurado la regulación, podemos ver que el Secretario de Agricultura ha dado carácter de resolución, sin miramientos, a todos los pareceres técnicos de la comisión. Así, lo científico se ha vuelto sistemáticamente político.

Aún así, la comisión sostiene la bandera de la cientificidad de su función. ¿Cuál es la razón por la que se vuelve tan importante sostener la idea de su “perfil científico”?

En este artículo observaremos el rol que juega la construcción del conocimiento científico en este organismo del Estado. Para ello, primero definiremos quién es ese “experto” que regula. Luego, intentaremos comprender bajo qué criterios realiza esta regulación. Así, reconstruiremos el andamiaje regulatorio observando qué información recopilan para emitir sus pareceres, y bajo qué definiciones evalúan esa información.

Con estos elementos, reflexionaremos sobre las cómo la ciencia incide políticamente en la construcción/ deconstrucción de la participación social en estos espacios, y bajo qué criterios construye (o no) estas instancias de participación. En suma, buscamos establecer qué rol juega la ciencia en la configuración de canales democráticas y por qué su relevancia actual en este organismo estatal (…)

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[1] Para ver en detalle estas consecuencias, leer López Monja, Perelmuter, Poth, (2010)

[2] Argentina paso de producir alrededor de 6 millones de hectáreas en 1996, a casi 24 millones en 2010, siendo el segundo productor mundial de OVGMS. Además hoy tiene 22 eventos liberados para comercialización. Datos extraídos del Executive Sumary, BRIEF 43, “Global status of commercialized biotech/ GM crops: 2011, Clive James, ISAAA

[3] RM es Ingeniero agrónomo de formación, con Maestría en Economía Agraria, y ex director del INTA. Fue, además, técnico consultor en administración rural y comercio en el sector privado.

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