Bienes comunes: los recursos pesqueros

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Los recursos naturales son un Bien Común, significa que la pertenencia de ese recurso es de todos. Recurrir a él de manera posesiva en manos privadas y convertirlo en mercancías es extractivismo. Esta práctica, tan común en América Latina, conduce a la acumulación de riqueza de quienes se apropian de estos bienes y a la sobreexplotación y contaminación de los recursos naturales, con el consecuente desequilibrio  del medio ambiente.

Los recursos pesqueros, que son un Bien Común,  no escapan a esta realidad. La mayoría de las especies marinas de importancia comercial son sobreexplotadas, y como consecuencia de ello perdieron alrededor del  80% de su biomasa virgen (toneladas), con el inevitable  desequilibrio del medio ambiente[1].  A esta situación se llegó con la  connivencia de los gobiernos de turno desde la década de los ´80 hasta la actualidad. El Estado es  cómplice de esta depredación, cuando en realidad debería realizar un desarrollo sostenible de las pesquerías, ello significa un desarrollo que satisfaga las necesidades de la generación actual sin poner en peligro la capacidad de las futuras. Este desarrollo sostenible no degrada el medio ambiente y otorga  beneficios para toda la sociedad dentro del marco de la seguridad alimentaria y como fuente de empleo. Supone también un enfoque  ecosistémico, lo cual no sólo contempla la especie y el ecosistema en cuestión, sino que, además, debe  analizar los factores sociales, para beneficiar a toda la sociedad generando así un desarrollo regional.

A partir del año 2010 se implementó una administración pesquera basada en la Cuotas Individuales Transferibles (CITs) para  4 especies: merluza común (Merluccius hubbsi), merluza de cola (Macruronus magellanicus), merluza negra (Dissostichus eleginoides) y  polaca (Micromesistius australis). Así,  se establecieron cuotas (es decir, una determinada cantidad de toneladas por especie) adjudicadas a cada barco, lo que se convierte en  un derecho de propiedad privada de las empresas sobre la especie, favoreciendo a los buques  de mayor tamaño asociados a los grandes capitales. Con esta distribución, se utiliza el recurso  como una simple mercancía buscando sólo la mayor ganancia en su actividad, sin importar costos sociales, el medio ambiente, etc. Las cuotas se entregaron en forma gratuita y no hubo ni siquiera una obligación para las empresas de registrar su personal ni de traer el pescado a tierra para darle mayor valor agregado generando así mayor empleo[2]. Este sistema privatista de administración pesquera es extractivista y aleja aún más el objetivo de un desarrollo sostenible de las pesquerías.

El puerto de Mar del Plata es el más  importante en el país, pero la ciudad presenta uno de los índices más altos de desocupación. La ausencia de  valor agregado en los productos que se exportan resta la posibilidad de aumentar puestos de trabajo,   y en el sector de la pesca los que existen desde hace décadas son  precarios, dado que los trabajadores se emplean a través de  falsas cooperativas, lo que implica, entre otras cosas, la pérdida de  todos los beneficios  salariales:  vacaciones, aguinaldo, suplemento por escolaridad, etc. Es decir, los empresarios tercerizaron la mano de obra. Por otro lado también es preocupante el trabajo infantil en el puerto[3].

La Subsecretaría de pesca  realizó un estudio de los últimos 4 años donde se comprobó también   lo que se había registrado en aquellos países donde  ya se habían implementado las CITs, y la Argentina no fue una excepción: se halló una concentración de las capturas (cuotas) en los buques de mayor poder de pesca como son los congeladores que procesan el pescado a bordo[4] . Estos buques que no ofrecen mano de obra en tierra agudizan el desempleo ya que sólo buscan optimizar sus ganancias. Se sigue  priorizando  la ayuda a ese sector  sin ofrecer un cambio que sea favorable para los trabajadores vinculados a la pesca y para la sociedad en general. Además, los desembarques disminuyeron en casi un 16% respecto del año 2015 mientras que las exportaciones crecieron 11,5% para los dos primeros meses del año 2016;  en  la operatividad de la flota, los fresqueros redujeron su participación en las capturas, mientras que los congeladores las  aumentaron[5].

 Se protege a las flotas con alto poder de pesca en  lugar de proteger las lanchas costeras y las de menor escala como la pesca artesanal, que  proporcionan mayor mano de obra y no son tan depredatorias[6]. Así es como resulta alarmante que el número de 200 lanchas amarillas (de 11 a 15 m de eslora aproximadamente) se vea reducido  a  50 a fines de la década de 1990[7] y en la actualidad a sólo  29[8].

El nuevo gobierno del Presidente Macri tampoco ha introducido medidas tendientes a generar trabajo en tierra; todo lo contrario, la implementación del El Certificado de Captura Legal[9] (CCL) para combatir la subdeclaración de las capturas, generó una disminución del empleo debido a que éstos se basaban en la pesca no declarada, de esta manera se perdieron 400 puestos en la industria pesquera marplatense en los últimos meses, según declaraciones del  Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP)[10]. Así, las empresas despiden a los trabajadores cuando no los requieren y es el Estado quien los subsidia por un período corto, dejando al descubierto la ausencia de un ordenamiento pesquero donde exista continuidad laboral.

No solo se agravó la falta de empleo por la concentración de las cuotas en los congeladores y por la implementación del CCL sino que se sumaron otras medidas como la  eliminación de las retenciones a las exportaciones en la pesca[11]. En la administración anterior ya el sector, gozaba de múltiples beneficios, como por ejemplo descuentos sobre el combustible, y varias empresas fueron beneficiadas por el no pago de ingresos brutos, ni derecho de extracción. Ahora se suma no sólo la eliminación de las retenciones en las exportaciones, sino que se anunciaron otras medidas como créditos blandos y en algunos casos, eliminar el pago del IVA y el impuesto a las ganancias[12]; además de este paquete de medidas se le añade la ampliación del plazo del ingreso de divisas debido a las exportaciones, que será de 365 días, donde quedan incluidos los productos pesqueros que se vendan en el exterior[13]. El nuevo gobierno, al igual que los anteriores, otorga beneficios a empresarios sin exigirles tener al personal en blanco (registrado) ni generar empleo en tierra, entre otras muchas medidas que podrían mejorar la actividad hacia los sectores que más los necesitan. ¿Será que los miembros del Consejo Federal Pesquero son también empresarios vinculados a la pesca?  No cobrar los impuestos correspondientes, otorgar créditos blandos y finalmente eliminar las retenciones a las exportaciones  constituyen medidas políticas que a nivel mundial se desaconsejan ya que supone  “un subsidio a la pesca”, es decir,  dar facilidades mediante el uso de fondos públicos para que una minoría del ámbito privado recaude  la mayor parte de la ganancia.

Por otra parte en la provincia de Chubut en el año 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la Ley de Pesca de Chubut (Ley IX Nº75 /antes Ley 5639. Un fallo dejó sin efecto la obligatoriedad de crear empleos en tierra atados a la capacidad de bodega de los tangoneros (buques que pescan langostino); consideró inválido exigir que las tripulaciones sean residentes de Chubut y declaró ilegal obligar a las empresas a que descarguen y procesen en la provincia. Mientras no se analice la nueva Ley de Pesca para Chubut sigue vigente esta reglamentación.

La administración pesquera sigue enfocada en ofrecer privilegios al empresariado más poderoso en perjuicio del patrimonio público, de la sociedad en su conjunto y de los trabajadores vinculados a la pesca en particular,  provocando la acumulación de la riqueza en ese sector, una riqueza generada con un Bien Común que es de todos los argentinos. Además de un perjuicio económico para la mayoría de la sociedad, se provoca una alta depredación sobre los recursos pesqueros, superando las capturas máximas y pescando juveniles que aún no se reprodujeron y que luego son descartados (devueltos muertos al mar).

El Estado debe cambiar este paradigma de depredación y acumulación de ganancias en un pequeño grupo de empresarios y en su reemplazo  realizar  una administración que se traduzca en la apropiación de la renta ictícola para que sea la sociedad la que reciba los beneficios de un desarrollo sostenible.

 

[1] http://ipidar.org/la-situacion-biologica-de-los-recursos-pesqueros/

[2] http://ipidar.org/documento-de-trabajo-ipid-recursos-pesqueros/

[3] http://quedigital.com.ar/sociedad/trabajo-infantil-el-cordon-frutihorticola-y-el-puerto-los-mas-afectados/

[4] http://revistapuerto.com.ar/?p=28637

[5] http://revistapuerto.com.ar/?p=44574

[6]  Alonso, L. N. (2015), “La crisis pesquera de la flota de lanchas amarillas del puerto de Mar del Plata: una mirada hacia las instituciones”, Cuadernos de Antropología, No. 13: 49-64. Enero-Junio. ISSN 0328-9478 (impreso). ISSN 2314-2383 (en línea).  

[7] Lasta, C., Ruarte, C., y Carozza, C. (2001). En: El mar argentino y sus recursos pesqueros .Tomo3. Evolución de la flota pesquera argentina, artes de pesca y dispositivos selectivos.

[8] http://revistapuerto.com.ar/?p=44595

[9] http://www.loa.org.ar/legNormaDetalle.aspx?id=27611

[10] http://revistapuerto.com.ar/?p=44687

[11] https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/138329/20151217

[12] http://revistapuerto.com.ar/?p=44814

[13] http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/261210/norma.htm

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